La Monarquía hispánica luchó por mantener su posición monopolizadora del comercio indiano y de someter a los comerciantes extranjeros a sus normas en la península Ibérica, pero no lo consiguió en realidad. Las prohibiciones quedaron en papel mojado con frecuencia, pues la necesidad mercantil de muchos particulares propios y extraños se satisfizo por el contrabando. Así se evitaron impuestos y restricciones diversas.
En la comercial Alicante, resultó muy activo en el siglo XVII. Algunos comerciantes extranjeros emplearon sus cartas de franquicia para negociar fraudulentamente con grandes cantidades de lana procedente de Castilla. También se embarcaron muchos cereales sin pagar impuestos con la inestimable colaboración de testaferros.
El tribunal de la bailía real alicantina intentó cortar tales transacciones, pero no lo consiguió. Visto el panorama, el municipio tomó cartas en el asunto. Desde 1678 cobró directamente la imposición de la aduana. Al apartarse a los arrendadores que avanzaban capital para quedarse con su gestión, se pretendieron alejar ciertas tentaciones.
Las cosas no marcharon mal al principio, si hacemos caso de los resultados. En 1699 se percibieron por la aduana unas 28.050 libras, muy superiores a las 12.573 de 1677. Algunas prevenciones parecían haber surtido efecto. En 1688 se vigilaron con especial insistencia la playa del Postiguet, del Baver y la plaza de las Barcas, donde acostumbraban a atracar los diestros contrabandistas. Los marineros debían recalar obligatoriamente en el muelle, a la vista de las autoridades.
¿Fue un brindis al sol en el fondo? Al fin y al cabo, el aumento del movimiento comercial entre 1677 y 1699 ayudaría a entender el buen resultado anterior, más que la efectividad de la lucha contra una actividad que contaba con enormes complicidades en la sociedad alicantina, en estrecha relación con los mercaderes de muchas naciones. No obstante, se intentó dar la batalla en la medida de las posibilidades de una administración real y local con medios modestos y ganas discretas por más de uno de sus servidores.
Fuentes.
ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN.
Consejo de Aragón, Leg. 1356 (nº. 054), Leg. 0555 (nº. 066), y Leg. 0580 (nº. 033).
ARCHIVO MUNICIPAL DE ALICANTE.
Cartas recibidas 1665-1704 (Arm. 11, Libro 11), y Privilegios Reales de Felipe IV (Arm. 1, Libro 20).
