Los impuestos no solo han beneficiado a los gobiernos que los han exigido, sino también a los que los han recaudado y gestionado.
En el Antiguo Régimen, los poderosos locales fueron determinantes al respecto. En ciudades comerciales como Alicante se interesaron en la administración de los de su aduana. A principios de cada año se acostumbraron a reunir en la lonja, corazón de los negocios locales.
El 1 de enero de 1640, cuando la Monarquía hispánica estaba en vísperas de verse conmovida por una fuerte sacudida política, comparecieron allí una serie de personalidades para arrendar los derechos reales y el vedado o impuesto de origen medieval sobre los productos que no se podían vender a los rivales.
Acudieron el surrogado de gobernador don Alejandro Pascual y don Vicente Vilaragut y Sans (del hábito de Santiago) como baile de más allá de Jijona. Además, don Pedro Remiro de Espejo (asesor ordinario de la bailía), Jerónimo Pascual (abogado fiscal y patrimonial del rey), Alfonso Martínez de Vera (caballero receptor de la bailía y señor de Busot), Ginés Miralles (notario procurador patrimonial) y Esteve Blanco (notario tesorero). Todos tenían la condición de oficiales de la junta patrimonial, además de pertenecer a destacados linajes locales.
Tras el preceptivo coloquio y parlamento, proveyeron y mandaron a Ramón Puig, corredor y trompeta público de la ciudad, para que hiciera relación y pudiera haber posturas de los impuestos. Sin embargo, no encontró a nadie que participara en la subasta durante los dos meses anteriores. La situación económica no animaba a presentar ningún tipo de ofertas.
Los oficiales, en consonancia, no tuvieron más remedio que reunirse entre las dos y las tres de la tarde y decidieron dar el pregón Ut moris est o como es habitual. La intención era que los que lo desearan presentaran billetes cerrados, a las cuatro de la tarde, para el remate o adjudicación de los impuestos.
Visto el panorama de falta de postores, se hizo provisión para escoger administrador, también a la misma hora de la tarde. Volvieron a constatar la falta de interesados desde hacía dos meses. Nombraron administrador a don Alejandro Pascual, juez credenciero del rey, con la ayuda de Joan Sorrando y Jaume Sistero.
Joan Sorrando había demostrado su buen hacer en recaudaciones anteriores. Así que él y Sistero estarían a las órdenes del administrador para hacer las cuentas. Debería de entregar la recaudación semanal, tomándole cautelas el receptor.
Don Alejandro, tras hacer las cuentas con los mercaderes, las firmaría y entregaría al receptor real Alfonso Martínez de Vera, pues el administrador carecía de facultad de cobrar. Se pagaría el salario habitual de otros casos similares. Por la aduana el de 250 libras y por el del vedado de 20. Para don Alejandro serían 100 libras y sendas 85 para los dos restantes. Aquellos emolumentos no eran poco en un año de negocios comerciales en suspenso.
Fuentes.
ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA.
Mestre Racional. Aduana de Alicante, Monfort y Muchamiel.
.jpg)