La preservación del orden público en el reino de Valencia fue una tarea muy complicada tanto por su alargada disposición geográfica como por su complejidad institucional. En el siglo XVII los bandoleros hicieron de las suyas en no pocas de sus tierras, a veces con la complicidad de los poderosos locales. Más allá de las limitaciones forales, los virreyes y capitanes generales se las vieron y las desearon por la cortedad de sus medios coercitivos.
Infundir temor a los bandoleros era un medio disuasorio muy recurrido, pues se pensaba que la vista pública de una ejecución haría meditar a más de uno, además de acreditar la fuerza de la justicia virreinal. Lo cierto es que los ahorcamientos en la plaza del mercado de Valencia fueron recurrentes, y consiguieron muy parcialmente sus objetivos. El número de ejecuciones quizá sea más ilustrativo de la virulencia del bandolerismo que de su solución.
En 1635 se ejecutaron a cuatro y a otros cuatro en 1640, unas cifras que subirían en los conflictivos años de la siguiente década: doce en 1646 y diecisiete en 1650. En los siguientes años los ajusticiados no fueron tantos. Seis en 1659, cinco en 1660, otros cinco en 1670 y en 1680 cuatro. La mano dura se recrudeció en 1688, con diecisiete, y en 1693 con trece.
Los virreyes contaron con una guardia (la dels blaus), que en 1620 estaba integrada por un capitán, su lugarteniente y veinticuatro soldados tras practicarse el alarde o revista. Era una fuerza muy reducida, ciertamente, que cargaba con demasiadas dificultades económicas. Con graves problemas salariales, no quisieron pagar sus integrantes en 1631 ni sisas ni imposiciones, lo que les ocasionó pleitos con la autoridad municipal de Valencia.
En tales condiciones, era poco operativa contra los bandoleros, por lo que en 1689 fue reorganizada o dotada de una nueva planta. No se incrementaron significativamente sus efectivos, pues solo se desplegaron treinta guardias, pero se buscó a individuos curtidos y preparados, a soldados veteranos destinados antes en plazas. Bien armados y provistos por el virrey de caballos ensillados, su cuartel general estaría en palacio para no echar raíces ni contraer amistades en los núcleos de población. No podían salir de allí sin la licencia de su teniente, y sus años como guardias serían contabilizados como de servicio militar. La reforma surtió cierto efecto, lo que nos habla de la necesidad de un cuerpo policial profesionalizado, pero también de los escasos medios de la autoridad de entonces.
