La pesca fue uno de los grandes activos económicos del reino de Valencia, y las personas que se dedicaron a la misma supieron organizarse bien según los cánones de cada época. Los de la valiosa Albufera de Valencia se dotaron de normas o constituciones, que fueron confirmadas por Juan I en la misma Valencia el 10 de junio de 1393. Se presentaron como antiguas, ya vigentes de hecho, como muestra de su carácter venerable, pero a veces introdujeron elementos novedosos a la confirmación real.
Los privilegios y gracias databan de antes, y se recordó a Juan I que sus antecesores en el trono y él mismo cuando era duque ya los había confirmado. En aquel tiempo los derechos quedaban subordinados a la voluntad regia, por mucho que se tratara de indicarle el camino. Afortunadamente para los interesados, Juan I apenas puso reparos.
El común de los pescadores de la Albufera se dotaba de unos jurados o encargados del cumplimiento de las regalías y de la ordenación de la actividad. Tradicionalmente procedían de Cullera, Sueca, Catarroja o Valencia. Los jurados, cuya actividad se había visto cuestionada de facto, pidieron proseguir en uso de su función, con capacidad de imponer penas, administrar fondos, ordenar el cierre y la apertura de la Gola de la Albufera, y enviar mensajeros. Sostuvieron que si los pescadores no eran obligados a mantener las áreas asignadas, las regalías de la Albufera no se arrendarían bien y no rendirían los beneficios esperados. En aquel momento de dificultades económicas, los jurados emplearon un argumento persuasivo. No obstante, se les recordó que no debían retardarse en el cumplimiento de sus quehaceres y en acatar la autoridad del baile, el encargado del real patrimonio.
La cofradía de pescadores tuvo que enfrentarse entonces a serios problemas. La dehesa y sus vastos recursos vegetales se encontraban expuestos a la rapacidad de otros particulares, por lo que se reconoció que los jurados pudieran disponer guardas. Los encargados de las salinas reales tampoco se mostraban muy indulgentes a la hora de cobrar los cahíces de sal, tan necesarios para la preparación y venta de elementos tan apreciados como las angulas. Se exigió que en las salinas se cobrará el cahíz a razón de seis sueldos y ocho dineros, y de siete sueldos y un dinero fuera de las mismas, al modo establecido.
Dentro de la cofradía, los pescadores tuvieron acres discusiones por razón de pleitos, tan desgarradores que incluso se les atribuía la responsabilidad de despoblar de gentes la misma área de la Albufera, con las consecuencias fatales que comportaba. Para evitar las peleas que desbordaban a los jurados, se designarían como consejeros unos veinticinco hombres buenos o prohombres, cinco de los cuales serían de la zona de la mar de fuera. Tener presente los distintos intereses territoriales ayudaría a suavizar tensiones y tiranteces.
En 1393 la Albufera había sido entregada al patrimonio de la reina doña Yolanda, por lo que su abogado debía revisar las constituciones enunciadas. De todos modos, bajo el dominio de una distante señora con el beneplácito del rey, los afanosos pescadores llenaban de actividad el día a día de la singular Albufera.
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