La guerra contra los holandeses y otros.
En 1621 no se renovó la tregua con las Provincias Unidas, que habían combatido fuera de Europa implacablemente a las naves y súbditos de la Monarquía hispánica. El conflicto se enredó con el de los Treinta Años. Alicante, en tratos con los holandeses, se encontró comprometida en una guerra verdaderamente mundial. La ciudad se dispuso para el combate, en la medida de sus posibilidades, según se desprende de sus libros de munición y cosas de guerra.
Los holandeses se aliaron con los enemigos de España en el Mediterráneo y tuvieron la capacidad de organizar convoyes comerciales que llegaron hasta Esmirna, además de importantes flotas de guerra. En enero de 1634 se alertó de la irrupción por el estrecho de Gibraltar de una armada de ochenta naves, coincidiendo con el mal estado del castillo de Alicante. Para subsanarlo, se pagaron 500 libras de más por la bailía al quedarse cortas las setenta del derecho del muelle.
Las defensas alicantinas, pues, no pasaban por un buen momento. El alarde del 1 de noviembre de 1632, tras el toque de alerta o rebato de dos días antes, evidenció deficiencias tan acusadas como el servicio del prohombre Pablo Canicia, que no acudió con caballo propio sino con el de Luis Colominas. En 1634 el virrey encomendó al capitán Salellas la inspección de la plaza. Los mil hombres que guarnecían la ciudad y los mil quinientos del castillo debían reforzarse con dos mil más. La suciedad se acumulaba en las murallas y el tramo de las del Mar se encontraba erosionado. Los desperfectos eran importantes en el baluarte de l´Esperó. Una barca podía navegar con facilidad entre la puerta del Mar y el baluarte de San Bartolomé. Casi no había comunicación entre el baluarte del Muelle y el torreón del portal de Elche. Para colmo, las edificaciones en el terreno elevado al que daba la puerta de la Huerta y la torre de Jerónimo Pascual en el arrabal de San Francisco era todo un peligro en caso de toma por una fuerza enemiga.
Además de defender su ciudad y su territorio, los alicantinos contribuyeron en las campañas exteriores. El conde de Elda, alcaide del castillo, alzó una compañía para Italia en mayo de 1634. La ruptura de hostilidades con Francia, que pasó a las hostilidades abiertas en 1635, complicó sobremanera la situación. Los caballeros alicantinos, como los de otros lugares, fueron convocados sin demasiado éxito a seguir las banderas del rey. En 1636 la armada francesa amenazó la misma Alicante, que fue auxiliada por Orihuela.
El comercio ilegal.
Los hombres de negocios alicantinos no tuvieron empacho en tratar con comerciantes de cualquier procedencia. Los ingleses, oficialmente en paz con España entre 1604 y 1625, mandaron escuadras al Mediterráneo contra Berbería, que a veces recalaron en Alicante para abastecerse. El 22 de enero de 1621 el virrey ordenó que no se les cobraran derechos por ello. Los ingleses introdujeron grandes cantidades de especias por el puerto de Alicante, algo que no gustó al conde-duque de Olivares por perjudicar a los portugueses, entonces súbditos de la Monarquía. Entre 1623 y 1624 lo obstaculizó, además de exigirse a los mercaderes extranjeros residentes y casados con alicantinas desde hacía más de diez años a pagar la aduana.
La guerra no volatilizó el comercio con los holandeses, que se mantuvo bajo cuerda. Para atacar el tráfico mercantil de las Provincias Unidas con los puertos españoles se creó la Junta del Almirantazgo en 1625, con efectividad muy limitada. En fecha tan tardía como la de 1638-39 solo se consiguieron decomisar en el puerto de Alicante mercancías por valor de unas 136 libras.
En el contrabando participaron los mismos oficiales reales. En 1628 se comisionó para investigar a los de la junta patrimonial a los mismos jurados municipales, también bajo sospecha. El procurador fiscal acusó en 1629 a Francesc Jerez y a Gaspar Lario por las sacas de bacalao, el pan del mar. La necesidad de abastecimiento fue tan importante como el deseo de ganancia en el contrabando.
Este tráfico era activo y en 1630 se denunció el desembarco de un bergantín con siete hombres. Alicante cobró fama de escala franca de los rebeldes. En vista de la situación, la Junta del Almirantazgo no tuvo más remedio que nombrar el 15 de abril de 1635 a través del Consejo de Aragón un veedor para atajar los tratos con los holandeses. De momento el gobernador se tomó más en serio su cometido y el 25 de julio de 1636 el embajador de Venecia se quejó de la detención de marineros de una nave de su pabellón, lo que perturbaba el libre comercio. Acabar, pues, con el contrabando era tarea casi imposible y en 1638 se denunció la venta de tabaco sin licencia en Alicante.
Los servidores del rey.
Los dirigentes de Alicante nunca declinaron su fidelidad al rey, pero cumplieron su voluntad según sus conveniencias. Los jurados municipales fueron firmes defensores de los fueros de la ciudad y en 1621 cargaron contra el gobernador por quebrantarlos. En tal estado, el virrey don Antonio Pimentel visitó Alicante y en 1622 el visitador Luis Ocaña hizo una inspección que comportó la imposición de penas.
Para congraciarse con la autoridad, se enviaron obsequios de pollos y fruta al valido de Felipe IV, el todopoderoso conde-duque de Olivares, que los agradeció expresamente el 2 de julio de 1625. Ello no evitó que la autoridad real hiciera una demostración de vigor para demostrar quién mandaba. En las Cortes de 1626 se impuso el pago para la Generalidad de dos sueldos y medio por cada libra de ropa de paso entre Italia y Castilla. Tampoco se logró aquel año la exención militar para los ciudadanos honrados de Alicante. La Real Audiencia cuestionó la corrección de varias insaculaciones.
El 14 de febrero de 1626 se promulgaron unas nuevas ordenanzas que pretendieron un justicia con puntos de similitud con el corregidor castellano y unos jurados más escrupulosos, escogidos entre el grupo de los que no trabajaban con sus manos. El autoritarismo real quería una oligarquía colaboradora dentro de las instituciones del reino.
Se introdujeron en consecuencia personas favorables en el gobierno municipal. El 10 de septiembre de 1626 fueron insaculados por el virrey en la bolsa mayor Esteban Berenguer y Adrián Riera, y Alejandro Bonarí el 11 de mayo de 1627. Fue la antesala de una política más permisiva hacia la oligarquía alicantina, lo que evitaría a la larga estallidos de descontento como los que conmovieron otros puntos de la Monarquía a partir de 1640.
Obtuvieron la condición caballeresca Honorato Nogueroles (18 de diciembre de 1629), Pablo Salafranca (4 de mayo de 1630), Antonio Bautista Llátzer (5 de junio de 1631), Francisco Pascual de Miquel (28 de enero de 1632), Luis Ardanza (4 de mayo de 1634) y Francisco Moxica (10 de marzo de 1635). En septiembre de 1635 se concedieron hábitos de Montesa a miembros del linaje de los Escorcia. El testimonio de caballeros alicantinos residentes en Valencia como Esteban Martínez de Fresneda, Esteban Briones y Joan Despuig ayudó a la promoción de Luis Canicia de 1624 a 1629. Varios linajes cooperaron activamente en esta línea. Los comerciantes buscaban la intercesión de los caballeros ante el virrey, que repartía favores y aseguraba fidelidades. La red de patronazgo fortalecía la mentalidad aristocrática, la de la traición de la burguesía de los historiadores de hace años, y viceversa. En muestra de buena voluntad, el virrey suprimió el 29 de agosto de 1629 la citada imposición de los dos sueldos y medio por libra. En 1638 se pidió aumento de emolumentos para los jurados por sus muchos trabajos, según su sentir.
Los problemas de Muchamiel.
La localidad de Muchamiel acusó con particular gravedad las dificultades de la época por su elevado endeudamiento. Entre 1618 y 1652 descendió de los 382 a los 202 vecinos. A comienzos de la década de 1620 era el punto de apoyo de la facción bandolera de los Berenguer, cómplices de los Escorcia.
No llevaba tampoco a bien su reintegración al municipio de Alicante y en 1624 éste avisó de los perjuicios que ocasionaría, a su entender, su nueva separación al real patrimonio junto con la de San Juan. En 1628, el año en el que volvió a segregarse (consiguiendo la categoría de villa), el justicia alicantino se quejó del mal trato que allí les dispensaron.
En 1634 pidió tiempo a Alicante para reintegrar la parte de la deuda que le correspondía, algo que no era nada fácil. Muchamiel pagaba a 31 de mayo de 1636 en pensiones a la catedral de Valencia, la congregación de San Felipe Neri, la parroquia valenciana de San Andrés, el capítulo de Gandía, el convento del Corpus Christi de Villarreal y el conde de Parcent la suma de 1.240 libras, comparativamente muy superior a las 1.118 de Alicante y a las 295 de San Juan. Aun así, tuvo que concertar un censal de 2.000 libras el 15 de diciembre de 1636 para comprar alimentos.
En 1639 unió fuerzas con la ciudad de Alicante contra Jijona por la recogida de leña, lo que auguraba una nueva incorporación a Alicante.
El control del espacio de la Huerta despertó, por ende, gran inquietud entre las autoridades. A los peligros de los bandoleros o de los corsarios desembarcados en la cercana costa se añadieron otros riesgos. El 6 de mayo de 1636 se acusó a las monjas de la Santa Faz de excesiva familiaridad con sus habitantes y de andar por sus caminos con demasiada libertad, algo poco aceptable cuando se imponía la clausura más estricta de la Contrarreforma.
El espacio cultivado de la Huerta era muy valioso y rondó las 27.000 tahúllas (unas 291 hectáreas) repartidas entre unos setecientos propietarios, predominando los de menos de ochenta tahúllas. La vid tenía una gran importancia, aunque entre 1627 y 1631 la recaudación del derecho sobre el vino con destino al servicio acordado en Cortes pasó de las 2.028 a las 689 libras por razones que fueron más allá de la cosecha.
Crédito y economía.
Las dificultades derivadas de la expulsión de los moriscos no hicieron perder atractivo a la inversión en censales de todos aquellos con dinero en una ciudad expansiva, cuya población no bajó de los más de 2.000 vecinos durante el periodo. César Escorcia se benefició de un préstamo de mil libras, concertado por Alicante el 15 de noviembre de 1621. También colocaron capital el conde de Peñalva, el de Villafranqueza, el administrador del derecho de la sal en Valencia, los abogados de la ciudad de Valencia o su procurador patrimonial. En los censales de San Juan invirtieron la ciudad y particulares de Játiva, además del conde de Villafranqueza, con el que se trató en 1626 su contribución a los gastos del pantano de Tibi, gran consumidor de capitales.
Los marjales y acequias del agua del pantano por Tibi y Onil tuvieron que limpiarse en 1630 y el 13 de julio de 1634 se contrajeron nuevos préstamos para el mismo. La inversión merecía la pena, según se comprueba por la cotización de los hilos de agua, como los de Isabel Juan de Puigmoltó en 1621 o los de Antonio Mingot de Rocafort, que interesaron a los jesuitas en 1630.
Otras obras en curso en Alicante, también solicitadas de dinero, fueron las del portal de Elche de 1625 o en 1626 las de Santa María, atendidas con ventas y limosnas también. En este activo ambiente se enmarca la disputa entre el gremio de herreros y el de cerrajeros de 1620.
El fraude fiscal se intentó aplacar con concordias, como la alcanzada el 2 de enero de 1634 sobre la venta de sardina. El cobro de los impuestos a veces fue un motivo de prestigio. El prohombre Luis Jerónimo Vallebrera, señor de Agost, obtuvo en 1630 la administración de las salinas de La Mata, tan apreciadas por los holandeses. La oligarquía intervenía en la recaudación de unos tributos que muchas veces no pagaba y conseguía por sus gestiones beneficios que invertía en la deuda de un municipio controlado por ella misma. Las sisas o los impuestos sobre los productos del consumo fueron pagadas fundamentalmente por los más modestos carentes de privilegios fiscales. Los eclesiásticos tuvieron derecho a la refacción o devolución de lo pagado por un género sisado, algo que les fue reconocido en Alicante en 1636, en un tiempo de aumento de la presión fiscal.
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