Los comerciantes mantuvieron una relación ambivalente con los reyes. Por un lado, les dispensaron sus buenos dineros en forma de impuestos (sin olvidar otros servicios), pero por otro se resistieron a cumplir algunas de sus prohibiciones.
En el siglo XVII, la integración económica entre la Europa atlántica y la mediterránea cada vez fue mayor, por lo que las guerras ocasionaron serias perturbaciones. La de la separación de Portugal perjudicó sobremanera a los hombres de negocios de la Corona de Aragón, que no pudieron renunciar a determinados tratos. Necesitados de trigo, los de Alicante, Valencia, Mallorca y Menorca acudieron en mayo de 1648 a Portugal, llevando a cambio arroz y queso.
Desde Alicante se hizo hincapié en 1650 que los genoveses defraudaban en las entradas de trigo hacia Castilla. Resultó habitual que las gentes del reino de Valencia se aprovisionaran de trigo y cebada del Norte de África desde la plaza de Orán, pero el contrabando floreció por aquellos años, hasta tal punto que el síndico de Alicante don Juan Escorcia y Ladrón, caballero de Montesa, lo trató sin rubor en su exposición de 1657.
Aquel fue un mal año, en el que la ciudad de Alicante padecía la falta de agua, visible incluso en el pantano de Tibi. Al disminuir las cosechas, también descendían las ganancias de las sisas, en coincidencia con la amenaza de contagio de peste desde Nápoles y la guerra con la Inglaterra de Cromwell. El temor a un ataque inglés en 1656 había obligado a gastar 5.250 libras valencianas en las fortificaciones. Por si fuera poco, la sal de La Mata tampoco podía salir por falta de navíos de carga.
Las consecuencias sociales de tal enjambre de problemas resultaron en extremo graves, pues más de 4.000 jornaleros, incluyendo a los familiares, se vieron abocados a la penuria.
Visto el panorama, se invocó la importancia de Alicante para la corona, tanto por su posición estratégica como por sus servicios. Se sostuvo que anualmente se pagaban guardias por valor de 2.100 libras, que se ahorraba la Diputación del General. Además, se dijo que contribuía la ciudad con 16.000 libras al real patrimonio y otras tantas a la Generalidad.
Tales argumentos fueron encaminados a pedir licencias de contrabando por valor del diez por ciento. Se recordó que las pescas de Terranova, las del valioso bacalao, era de contrabando. Sostuvo don Juan Escorcia que las prohibiciones carecían de sentido, dada la complicidad de los guardias. Además, los mercaderes franceses traían géneros del Levante mediterráneo y de Alemania, que podían fluir por Liorna, Génova u otro puerto en buenas relaciones con la monarquía española. Si los holandeses habían hecho las paces con los españoles y los hamburgueses se mantenían como amigos, ciertas prevenciones eran contraproducentes.
En el mundo del mercantilismo, que tanto ensalzó la autoridad del Estado sobre la economía, la petición de contrabando no dejó de ser un recordatorio de la dura realidad.
Fuentes.
ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN.
Consejo de Aragón, Legajos 0074, nº 003.
