La defensa del imperio español ocasionó problemas muy sensibles, que pusieron en riesgo la estabilidad del gobierno de la monarquía más de una vez. Por mucho que hubiera hecho importantes avances desde la represión de los agermanados, el autoritarismo real descansaba en el reino de Valencia en un compromiso con sus oligarquías. Alzar tropas allí resultó complicado, incluso en los días de Felipe II. A instancias de su preocupado virrey, disolvió en octubre de 1567, en medio de una enconada hostilidad con el imperio otomano, las compañías que allí se habían formado para servir en las galeras, pues ocasionaban más perjuicios que asistencia.
Es cierto que las Cortes no le impusieron un valladar infranqueable, pero no dejaron de condicionar sus decisiones en el reino. En las celebradas en 1585 se promulgó el fuero 212, por el que el dinero del nuevo impuesto sobre la seda debía depositarse en la Taula de Valencia (el influyente banco municipal de la capital del reino), a cuenta de los tres clavarios de la Diputación del General. Con una cuenta aparte y diferenciada, sus fondos sufragarían las obras de fortificación y de guarda de la marina del reino valenciano.
Lo cierto es que la monarquía se encontraba muy corta de dinero, acosada con muchos compromisos y demasiadas deudas, y en 1589 se recurrió al fondo de la guarda para otros fines. Se tomaron 65.000 reales castellanos, a cargo del pagador de la costa Agustín Peris, para socorrer a las dieciocho compañías del reino antes de las nuevas Cortes, ingresándose además en la Contaduría de Castilla.
Los representantes del General en esta cuestión, los dieciocho diputados delegados, se opusieron a ello y se querellaron ante la Real Audiencia y el virrey, don Juan Alonso Pimentel de Herera. Como la Audiencia validó tal pago, los diputados invocaron el contrafuero, una gravísima infracción de las leyes del reino, que el monarca estaba igualmente obligado a cumplir.
La guerra contra los otomanos había perdido la intensidad de años pasados, pero el enfrentamiento con Inglaterra y los contrarios en los Países Bajos y en Francia se había recrudecido con intensidad. Dentro de España, las relaciones entre el monarca y el reino de Aragón no pasaban por el mejor momento, pareciendo presagiarse las alteraciones de 1591. Tampoco resultaba fácil el entendimiento con la Diputación del General de Cataluña, que no veía con buenos ojos el autoritarismo de los agentes de la corona. En una Valencia todavía poblada con nutridas comunidades moriscas, no pocas de obediencia señorial, no resultaba nada conveniente encender la chispa de un nuevo conflicto.
El virrey actuó con diplomacia, sin negar la autoridad de la Audiencia. Solicitó que el dinero saliera de un asiento o un préstamo para la ocasión. Igualmente, sugirió que los dieciocho diputados tomaran a cuenta los 65.000 reales castellanos, que se les descontarían de la paga del servicio extraordinario desde aquel momento a nueve años.
El Consejo de Aragón dio por válidas las propuestas del virrey el 20 de agosto de 1589. Se descargó al atribulado Agustín Peris de responsabilidades y de mayores inquinas, aunque también se advirtió que sería la última vez que se tocara el fondo de la guarda para otros fines, destinándose las recaudaciones del servicio extraordinario en lo sucesivo. Por el momento, se evitó el choque, pero el logro del compromiso volvería a ser complicado en los años venideros.
Fuentes.
ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN.
Consejo de Aragón, Legajos, 0567, número 001.
ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA.
Osuna, C. 419, D. 364.
