La Historia de Europa en general y en particular del reino de Valencia está llena de empresas militares acometidas por personas con ganas de alcanzar fortuna y nombradía, que convirtieron la guerra en su profesión y en su modo de vida, asociándolo incluso a su linaje. El desarrollo de los ejércitos profesionales les ofreció un amplio campo, pero las crecientes exigencias militares y la concomitante falta de medios de las grandes monarquías absolutistas obligaron a recurrir al reclutamiento de civiles en principio poco interesados en seguir la carrera de las armas. En la Castilla del siglo XVII se formaron los tercios provinciales, que dieron pie al gravamen de milicias cuando no se pudo conseguir los soldados adecuados en número y disposición. La Francia de Luis XIV, que tanto elevó las cifras de sus ejércitos, tuvo que hacer uso del sistema de milicias o de civiles reclutados, especialmente durante la guerra de Sucesión Española. En el reino de Valencia, con una amplia tradición de huestes municipales, se quiso poner en pie un sistema miliciano global desde fines del XVI. Con las tropas francesas bien adentradas en suelo catalán, el Consejo de Aragón intentó lograr ayuda miliciana o voluntaria de los valencianos en 1645 con el acicate de un dinero procedente del fondo de la cruzada, aunque al final fuera la misma ciudad de Valencia la encargada de adelantar las pagas.
La guerra de Sucesión implicó muchos cambios en todos los territorios españoles, de una manera u otra. En los territorios de la Corona de Castilla, con la excepción de las provincias vascas y del reino de Navarra, se implantaron los sorteos de quintas. Para evitar las deserciones, los intendentes supervisaron las acciones de la justicia a nivel municipal. Se formaron así los regimientos de milicias provinciales, que no fueron del gusto de muchos paisanos. En ocasiones, los grandes propietarios los responsabilizaron de hacerles perder trabajadores, pues al recaer el mayor peso sobre los campesinos, no pocos preferían hacerse artesanos u operarios.
Tal sistema no se implantó en los territorios de la Corona de Aragón, donde se fortaleció la autoridad pública de sus respectivos capitanes generales (verdaderos sustitutos de los anteriores virreyes) y se desplegaron mayores tropas regladas. Los gobiernos de Felipe V pretendieron el desarme de la población valenciana, además de desconfiar vivamente de la misma al considerarla voluble y proclive a la rebelión. De todos modos, no se podía prescindir de sus aportaciones militares. En la gobernación de Alicante se desplegó en la década de 1740 el escuadrón de caballería de Montesa, financiado con 800 pesos procedentes del impuesto único del equivalente (implantado por los Borbones), pero se recurrió al servicio voluntario de los naturales tanto para los batallones de marina de la armada real como para complementar un regimiento de infantería como el de Córdoba. La quinta no era bien aceptada, y en la Barcelona de 1773 estalló un motín contra su introducción.
En sus Memorias, el muchas veces denostado y siempre controvertido Godoy expresó en estos términos el problema en relación a Valencia:
“El reino de Valencia gozaba la anexión del servicio de milicias provinciales, y nadie ignora de qué modo dura todavía en España el apego en las provincias a sus viejos fueros dondequiera que son gozados por costumbre o privilegio. Muchos habían perdido ya los valencianos desde el tiempo de Felipe V; mayor razón para querer guardar la exención de aquel servicio, que lograron cuando en los reinos de Castilla se establecieron las milicias.”
La ruptura de hostilidades con la Francia revolucionaria, que fue capaz de levantar un gran ejército ciudadano, puso dramáticamente al descubierto los problemas no resueltos del absolutismo español. La única contribución no se había extendido finalmente a Castilla, y se carecía de los fondos necesarios para sostener mayores fuerzas armadas. Los ejércitos españoles también estaban necesitados de reforma, y las victorias militares francesas entre 1793 y 1795 se sucedieron tras los primeros avances españoles en el Rosellón. El capitán general de Valencia, el duque de la Roca, creó en 1794 el cuerpo de voluntarios honrados del reino de Valencia, de carácter voluntario, para fortalecer el poder militar español. Paralelamente, se reorganizaron las unidades del sometent en Cataluña.
La firma de la paz y nueva alianza con Francia no aminoró los problemas militares, pues entonces España se encontró nuevamente enfrentada con Gran Bretaña. De gran importancia estratégica y económica, el reino de Valencia conoció distintas medidas de reordenación militar. El capitán general Antonio Cornel modificó en 1798 la ordenación de los voluntarios honrados. Le cambió el nombre por el de milicia provincial, al uso castellano, y en consonancia emplearía las quintas para completar las plazas no cubiertas de manera voluntaria. Con astucia, supo ganarse la voluntad de los aristócratas valencianos, a los que ofreció las ventajas del fuero militar (algo que también sedujo a los criollos americanos) y la oportunidad de hacer carrera a cambio de responsabilizarse del mando de la milicia. Sus gestiones al respecto fueron por buen camino entre 1799 y 1800. Cuando alcanzó la secretaría o ministerio de la Guerra dispuso seis cuerpos de milicias en la capital valenciana y otros cinco en el resto del reino. No pretendía ocasionar alborotos, y confiaba en los buenos oficios aristocráticos para evitarlos y hacer comprensible la reforma.
Los estudios de José Miguel Palop demuestran que los precios del trigo se encarecieron preocupantemente alrededor de 1800. El mismo Godoy acusó a su adversario Cornel de no haberse preocupado de la opinión popular debidamente. Cuando se iniciaron los sorteos de quintas, cundió el descontento. Valencia experimentó entonces un importante motín, bien estudiado en su día por Manuel Ardit. Su principal área fueron las comarcas alrededor de la capital.
El 14 de diciembre de 1800 se asaltó la casa del odiado intendente y corregidor de la capital valenciana Jorge Palacios de Urdániz, conocido en un coloquio de la literatura popular bajo el mal nombre de Montereta, donde se deploró su gestión en Murcia y su actuación en Valencia en temas como el de su plaza de toros. Se dijo que tuvo que huir vestido de monje.
En vista de la situación, el real acuerdo (la audiencia presidida por el capitán general) previno de la gravedad al gobierno de Madrid. Tras un compás de espera, el intendente publicó la convocatoria del sorteo a quintas los días 11 y 12 de agosto de 1801, que daría comienzo el próximo 26. Entre mayo y junio de aquel año, España había librado con Portugal la breve guerra de las Naranjas, pero se temían mayores complicaciones.
Por Valencia se difundieron pasquines y varios grupos se concentraron en la plaza del Mercado. El mismo día 12 una multitud acompañó a la retreta de la milicia, y el 13 su teniente coronel Miguel de Saavedra, barón de Albalat, ordenó fuego contra la gente en la plaza de San Jorge, donde estaba su acuartelamiento. La situación subía preocupantemente de tono.
El intendente adoptó entonces nuevas medidas de fuerza, pero el 14 tomó posesión de la capitanía general el príncipe de Monforte. Cuando el 16 fue aclamado en la plaza de Santo Domingo, se le pidió que suprimiera las quintas. Los representantes de los gremios y distintas corporaciones estaban de acuerdo con ello, pues la impopular medida los privaba de valiosos trabajadores en un momento muy delicado. Desde este punto de vista, la ordenación militar obligatoria no favorecía el desarrollo económico valenciano. A la par, unos cinco mil labradores de la Huerta trataron de forzar la puerta de San Vicente. Se disparó contra ellos y hubo muertos, pero el capitán general decidió franquearles la entrada. Entonces, indicó al intendente que se abstuviera de toda decisión. Recabó para sí toda la competencia sobre las fuerzas armadas en Valencia.
A su modo, se había hecho con tal poder de forma revolucionaria, aprovechando una movilización que no estaba improvisada precisamente. Fue un precedente de algo que sucedería en el mundo hispánico a partir de 1808. El arrendatario de los derechos señoriales de Sollana responsabilizó a los terratenientes de la agitación. Han alcanzado celebridad las caracolas marinas con las que se les convocaba. Por ello, el capitán general fue destituido el 19 y el 5 de septiembre el mismo intendente en un clima de rebelión en el que se quemaron dependencias militares y las casas de varios comandantes de la milicia.
Desde la corte, Manuel Godoy actuó con tiento y de paso contra su rival Cornel, en buena sintonía con el secretario de Gracia y Justicia Caballero, otro de sus oponentes, que defendieron que un comisario regio restableciera con dureza el orden al frente de 12.000 soldados. El motín valenciano se inscribió, además, en las luchas de poder cortesanas. En sus Memorias se apunta que temía que los agentes de Napoleón estuvieran detrás del movimiento, al modo de lo sucedido en Venecia y en otros puntos de Italia que habían sucumbido a su control. Tal acción no ha sido descubierta a día de hoy, máxime en una ciudad en la que los franceses ya habían sufrido y volverían a padecer la cólera de sus naturales. También dijo temer que la insurrección valenciana encendiera una más general que abarcaría a Aragón y Cataluña, cuando todavía se recordaban los antiguos lazos. Tales desasosiegos también se atribuirían a los movimientos de las juntas de los comienzos del reinado de Isabel II.
Lo cierto es que Godoy se presentó como un pacificador, no reñido con su condición de reformador del ejército por aquel entonces, máxime cuando se habían alcanzado los preliminares de paz con Gran Bretaña. La maniobra fue completada con un decreto de suspensión del 3 de septiembre en el que se enunciaban varias ideas de interés. El desacuerdo de los responsables públicos había sido fatal, sentenciaba. Se sostenía que Valencia, Aragón, Cataluña, Navarra y Vizcaya eran aptas para proporcionar tropas ligeras frente a las más regladas de los reinos de Castilla, una distinción que más tarde reaparecería en el transcurso de la guerra de la Independencia en varias ocasiones. No se podía perjudicar a la labranza, según lo manifestado por los mismos valencianos, y se defendía la superioridad del soldado veterano frente al reclutado según la experiencia prusiana, sin tener en cuenta muchos elementos.
El motín había demostrado la astucia política de Godoy, que alabó la fidelidad de los valencianos hacia el rey en contraposición a varios de sus antecesores, y el carácter de una Valencia no siempre tan sumisa como a veces se ha sostenido. No obstante, las quintas se terminaron aplicando en territorio valenciano, afectado por la matrícula del mar. Entre 1803 y 1807, retomadas las hostilidades con los británicos, afectó a los naturales, pero no a los extranjeros avecindados. Se exceptuó a profesionales como los carpinteros de la ribera, los calafates o los fabricantes de paños de Alcoy. Los corregidores no podían cobrar honorarios excesivos en el examen de los mozos, y se estableció en Valencia una junta de agravios dependiente del Consejo Supremo de Guerra. Con todo, prosiguieron las quejas por una recluta que ahogaba la economía por la falta de buena marinería, y las oposiciones individuales. En el otoño de 1803 el maestro peraire de Morella Cristóbal Guasch embarazó la marcha de los mozos sorteados a Valencia. Asimismo, las distinciones del cuerpo de voluntarios honrados prosiguieron tentando a individuos como el eldense José Ferrando y Sempere en 1804. Desde un punto de vista práctico, se diría que los resultados del motín de 1801 fueron muy discretos, pero se inscribió en la tendencia a la movilización popular que cambió la vida política y española del siglo XIX, en la que la historia se empleó como arma política, leyéndose el pasado foral valenciano en clave de las necesidades coetáneas.
