La subordinación a un señor fue mal llevada por muchas villas del reino de Valencia. Era preferible, para sus grupos dirigentes y vecinos menos preminentes, ser de realengo, y así disfrutar del poder y de sus rentas de manera más cómoda.
La de Castalla quiso desligarse en 1629 del dominio de doña Ana de Mendoza, esposa del duque de Béjar Francisco Diego López de Zúñiga y Sotomayor. Desde hacía décadas pleiteaba por reintegrarse en el real patrimonio, con no pocas dificultades.
Con unos 350 vecinos o unos 1.400 habitantes, además de unos diezmos que rentaban 7.000 ducados anuales, los de la villa emprendieron una decidida acción, con personas tan determinadas como su síndico o representante Gaspar Serrano.
Se alegó el incumplimiento de privilegios aprobados en Cortes. En el de 1340, Pedro IV de Aragón (II de Valencia) la incorporó a la real corona, por lo que la enfeudación a don Ramón de Vilanova en 1362 era técnicamente ilegal. Todo un desaire para unas gentes que se vanagloriaban de haber ayudado a Jaime I a conquistar la tierra.
Esta mezcla de pericia legal, sabiduría histórica aplicada y recursos económicos había rendido sus frutos el 7 de mayo de 1583, cuando la Real Audiencia de Valencia había sentenciado a su favor.
Sin embargo, don Pedro Maza Ladrón desoyó tal sentencia, al igual que sus sucesores, quedándose con los frutos y las mejoras.
Los castallenses no se arredraron, y volvieron a la carga en los tribunales. Llegaron a gastarse hasta unos 100.000 ducados hasta 1629 para defender su causa, pero se toparon con serios obstáculos.
Al pasar el señorío a la casa de Béjar, las dificultades se redoblaron. Los poderosos grandes de España maniobraron para que el regente de la cancillería apartara del caso al doctor Blasco, con fama de juez imparcial. Se puso en su lugar a Melchor Sisternes, cuyo hijo Pablo (caballero de Santiago) ocupaba una plaza en la administración por su favor. Ante el Consejo de Aragón se denunció que los duques de Béjar pretendían convertir “la justicia en noche”.
Al nuevo fallo favorable a los intereses ducales se unió la acción del gobernador de doña Ana de Mendoza en la villa, que amedrantaba a los vecinos para que no prosiguieran litigando.
Sus energías, con todo, no desfallecieron. Pidieron al Consejo de Aragón que retornara la causa al primer juez y que se reprendiera a Melchor Sisternes. Según su parecer, la villa debería ser secuestrada o tomada por el rey al modo de la ciudad de Segorbe, pues podían seguirse turbaciones al permitir la ley la defensa armada de los privilegios: toda una amenaza velada. También se solicitó que el virrey salvaguardara a los que llevaban el peso del pleito, al modo de Elche, también deseosa de incorporarse al realengo.
El ejemplo de unos fortalecía la causa de otros, por mucho que no se alcanzara el éxito deseado. Lo cierto es que las raíces de la futura oposición valenciana a los señoríos fueron profundas.
Fuentes.
ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN.
Consejo de Aragón, Legajos 0577, 019.
