La recuperación del dominio aragonés.
El 3 de octubre de 1366 Pedro IV confirmó los privilegios de Alicante, muy afectada por la guerra con Castilla. La plaza debía aprovisionarse entonces con recuas protegidas.
El rey se mostró como señor deseoso de ganarse la voluntad de sus vasallos, que esgrimieron sus privilegios y su condición de villa con un fuerte castillo en la frontera terrestre y marina de los dominios del monarca de Aragón. Desde este punto de vista, fue una restauración de los términos de dominio de Jaime II del 10 de agosto de 1296. Se entendía la frontera como el territorio amenazado por un enemigo del rey, que dispensaba una serie de gracias a sus defensores en consonancia.
Los hombres de aquel siglo pensaron más en restaurar que en innovar, en especial después de las destrucciones bélicas, y en julio de 1367 se formó una comisión para repartir las aguas de riego de la huerta tras la destrucción de su libro.
La restauración del dominio aragonés comportó la expulsión de los partidarios del difunto infante don Fernando, la prohibición de la tahurería y la reducción de Nompot a la condición de aldea. Sus habitantes debieron renunciar al nombre de Monforte y fueron obligados a refugiarse en Alicante ante el peligro. Entre septiembre de 1384 y enero de 1386 tuvieron un breve reconocimiento de acogimiento a sus defensas locales.
Las instituciones de gobierno.
De 1366 a 1396 Alicante fue regido primero por el duro Pedro IV y su gentil hijo Juan I, que la historiografía a contrapuesto a veces de manera excesiva. En Alicante Pedro no fue protector de la menestralía y de los prohombres Juan. Desde los trece años, Juan colaboró con su padre como lugarteniente general para fortalecer la posición aragonesa en Alicante.
Los verdaderos cumplidores de la voluntad regia fueron los oficiales, muy distantes de los altos funcionarios actuales y alejados a la par de los servidores feudales elementales. En 1347 los procuradores se convirtieron en gobernadores, un cambio que el cronista Bellot no consideró de gran importancia, pues sus sentencias no se apelaron en la corte del de Valencia al modo de los futuros virreyes de los Austrias. Fueron gobernadores caballeros como Nicolás y Olfo de Proixida, que no suscitaron grandes controversias entre los alicantinos salvo alguna queja sobre el castigo de bandoleros musulmanes en el invierno de 1393. Con el baile de la gobernación las relaciones resultaron más tensas por la exigencia de herbajes, el nombramiento de porteros y la imposición de normas, lo que le valió alguna que otra reprimenda del rey entre 1372 y 1382. Hemos de tener presente igualmente al alcaide del castillo.
El municipio alicantino enviaba desde 1329 a las Cortes valencianas un síndico y un procurador. La celebración de Cortes permitió tratar con el rey temas de interés particular, más allá de los de alcance más general. En las de Monzón de 1389 Guillem Çalort, hombre de gran experiencia que fue jurado en 1377, negoció la ordenación de las escribanías, la franquicia de la aduana de Elche y de otros derechos portuarios.
El gobierno de la villa estuvo en manos de una oligarquía. El justicia detentó la máxima autoridad municipal, con el auxilio de un lugarteniente y la asesoría de dos jurados. El consejo de los prohombres los orientaba en teoría. De forma extraordinaria se convocaba un consejo más amplio en la iglesia de San Nicolás, anunciado a toque de trompeta por un corredor público, como los de 1367 y 1377 sobre temas hidráulicos. El 22 de octubre de 1386 el entonces infante don Juan reordenó el consejo y en las sesiones más generales debían de asistir representantes de la villa y las aldeas de la mano mayor, mediana y menor de la población. Cada mano aportaría ocho representantes, reducidos a cuatro en las más particulares. Sin embargo, Pedro IV no fue del parecer de su hijo por los problemas de absentismo. Ya en 1367 había obligado al justicia a residir en el territorio alicantino.
Los miembros de la oligarquía y sus disputas.
Entre los justicias encontramos los nombres de Joan de Burgunyó (1366), García Martorell (1367), Eiximén de Burgunyó (1375), Bonafonat de Vallebrera (1377) o Francesc Pascual (1382), cuyo lugarteniente fue Jaume Franc. Fueron jurados Jaume d´Artès y Jaume de Mora (1367), Guillem Çalort y Francesc Pascual (1377) o Jaume d´Artès y Pere Ripoll en 1382. Entre los prohombres locales ya no encontramos a los Saverdú, Mirambell o Sacoma.
Las connivencias entre prohombres y oficiales reales provocaron serios conflictos a veces. El alcaide del castillo entre 1366 y 1369 tomó parte en el asesinato de Berenguer de Togores, alcaide en 1337, con la ayuda de Jaume d´Artès y Pere Cavall, que no obstante ganaron el salvoconducto real en 1369. Jaume volvió a ser jurado en 1382 por la intercesión de su pariente Francesc, testigo en las obras del azud nuevo. Sus rivales (otro Berenguer de Togores, Guillem Rocafort, Joan Gras y Jaume Escuder) se confederaron ante el notario Sánchez de Liñán, baile en 1374. La violación de una doncella por el hijo de Jaume Escuder, Joan, se aprovechó por la parcialidad contraria para pedir una comisión de investigación, que terminaría persiguiendo también a Bernat Albesa y Bernat Escarabot, recaudador del quirate y la aduana en 1376. El rey canceló la comisión finalmente para no atizar más las disputas. Aunque muchos notarios se opusieron al bando de los Artès, no se trató de un combate entre caballeros y ciudadanos distinguidos, pues ambas parcialidades se configuraron por solidaridades familiares que abarcaron a personas de muy variada condición.
Los impuestos.
Entonces el municipio tenía importantes poderes recaudatorios tanto por representar al rey como por favorecer a sus vecinos. Ante la bailía se defendió la exención de cargas mercantiles como las lezdas.
Es bueno diferenciar entre los impuestos asignados al real patrimonio como los de aduana, vedado y quema de los del común y propios, según una distinción consagrada plenamente un poco más tarde. El municipio dispuso de monopolios tan controvertidos como el de la tahurería (capaz de concitar la ira divina, según se llegó a creer), además de las pechas y del ejercicio de la justicia, que no aportó grandes sumas, para ingresar dinero para atender sus necesidades.
Con fondos que se quedaban muy cortos, los prohombres no dejaron de quejarse al rey de sus desgracias para no contribuir tanto la comunidad. La reparación del albacar del castillo obligó en 1371 al compromiso entre Pedro IV y el obispo de Cartagena. El rey pudo disponer de los fondos de los legados piadosos de los vecinos, que debieron contribuir individualmente a las obras con tres jornales, estimado cada uno en los más acaudalados en un trabajador con su animal de carga.
La cortedad de dinero y las exigencias de la defensa local y de la monarquía obligaron a acudir a los préstamos, difíciles de reembolsar más de una vez. Para atender tanto gasto, el municipio pidió con éxito desde 1366 a 1380 la prolongación de las sisas o impuestos sobre la venta de pan, vino y carne. En la cercana Orihuela los clérigos se negaron a pagarla en 1377 por sus bienes en el realengo y por sus concubinas e hijos. Las sisas se convirtieron en la columna vertebral de los ingresos municipales hasta el siglo XVII (en 1664 representaron el 65% del total) y se inscribieron en la apuesta clara de su tiempo por la fiscalidad indirecta al modo de los derechos del General en los reinos aragoneses o de la alcabala castellana.
Los contribuyentes.
El estricto término municipal de Alicante tenía en 1373 unos 350 fuegos u hogares y 66 el de Nompot. A título de comparación hemos de tener presente que la cercana Novelda mudéjar contaba 193 en 1379. Cada hogar representaría una media de unas cuatro personas. La entonces villa de Alicante pasaba por momentos bajos. La mayoría de sus 1.400 habitantes se concentraba en el núcleo urbano, lo que reducía la densidad de su término a 3´5 habitantes por kilómetro cuadrado, digna del reino de Murcia. En el realengo valenciano la superaban en población Valencia, Játiva, Morella, Alcira, Castellón, Orihuela y Villarreal.
En 1368 su vecindario fue declarado exento de pagar el morabetí real por su pobreza a nivel general. Todavía en 1427 un 57´7% del mismo no pudo pagarlo, fundamentalmente al no alcanzar la fortuna de 105 sueldos. Dentro de este porcentaje también debe incluirse el de la minoría de los caballeros y clérigos exentos por su condición social.
La pretensión de mejorar el aprovechamiento del territorio.
La Baja Edad Media presentó unas condiciones generales europeas más húmedas que las actuales, pero la sequía también castigó al Alicante de aquel tiempo. En estas condiciones, el aprovechamiento del agua de riego resultó vital.
La separación de la propiedad de la tierra de la del agua condujo al acaparamiento de muchos hilos de riego en manos de instituciones como la parroquia de Santa María. Este movimiento estuvo animado, en parte, por la amenaza de confiscación de bienes en los vaivenes de las luchas políticas de mediados del siglo XIV. Pedro IV llegó a destinar al municipio hasta 200.000 sueldos de bienes tomados a sus contrarios. El problema de la acumulación llegó a ser tan agobiante que Juan I tuvo que prohibir, con poco éxito, nuevas donaciones piadosas y la comentada separación en marzo de 1389.
La principal zona de huerta de Alicante, al levante de la villa, se nutría de las aguas del río Seco, una verdadera rambla mediterránea. Al poniente se emplazaba la más pequeña huerta de la Sueca. En el caso de la primera, se aprovechó la red de riego de época musulmana, que congregaba las aguas del río en un azud al Noreste de la actual Muchamiel. Desde este azud descendía hacia el Sureste la acequia que alcanzaba el molino del rey, donde partía en dirección Suroeste el canal de Alfadramí. En la huerta principal se localizaron topónimos como los de Alconchel, Alfadramí, Aljacer, Beniçafa, Benifadif, Benimagrell, Benipasset, Benitia, Bonyali, Lirien o Loja. La ocupación del terreno fue mayor alrededor de Loja, cercana al molino y a la próxima Lirien, en el área donde más tarde se emplazaría el monasterio de la Santa Faz.
Se quiso ampliar la red de regadío desde hacía tiempo y en 1377 se formó una comisión en la que participó el maestro de obras de Játiva Joan García. Se estudió sobre el terreno el emplazamiento del azud nuevo y de la nueva acequia desde el molino. Ubicado en el barranco de Matilarany o del Vergeret, aquél captó las aguas que discurrían hasta la Sofra. En febrero de 1393 se aconsejó la apertura de nuevos brazales. Entre el nuevo azud y el partidor de Benitia la acequia discurrió por terrenos donde predominó la explotación ganadera sobre el cultivo de la viña. Hoyas como las del hacendado Vidal Gómez se abancalaron. Los principales propietarios tuvieron parcelas dedicadas a la ganadería, a la viticultura o a otros cultivos.
El trazado de la nueva acequia tocó los bienes de la familia Rocafort, enemiga de la bandería de los Pascual y los Artès. Francesc Pascual protestó contra la obra. La suspensión por Pedro IV de la comisión investigadora en 1374 y su interés por las obras hidráulicas en 1377 hemos de considerarlo como un apoyo real a los grupos menos oligárquicos. Guillem Çalort, miembro del consistorio en 1377, fue el que obtuvo la censura de Juan I contra la acumulación y la separación de las aguas de regadío en 1389.
En 1393 las obras todavía no estaban concluidas, pero en 1459 ya constaría documentalmente la acequia nueva, que conformaría con la antigua la mayor. Se asignaron sobre el papel unos 4.000 sueldos anuales de los fondos municipales.
El espacio de huerta estuvo regulado por una serie de normas, algunas de antigua procedencia, como las de los turnos de riego o martava. El sobrecequiero velaba por su cumplimiento y por la preservación de la red, con poder de sanción. Los regantes debieron mantener azudes y acequias en buen estado, obligación que figuraba en la carga de la alfarda. De origen islámico, se había convertido a la altura de 1377 en un pago monetario que servía a las autoridades para contratar personal de limpieza y acondicionamiento.
En el resto del término municipal había terrenos de secano, de pasto e incluso yermos, donde podían cobrarse animales salvajes. En 1380 la sisa de la carne de los mismos tuvo un valor similar a la del carnero y la del cerdo.
Los años de una prolongada postguerra.
Los alicantinos vivieron unos tiempos de altibajos. Las penurias ocasionadas por la guerra entre Aragón y Castilla no salvaron a los privilegios municipales de ser cuestionados entre 1370 y 1373, antes de desencadenarse otro ciclo de hambre, peste y riesgo bélico. La arboricultura y la ganadería impulsaron entre 1376 y 1382 una tímida recuperación, que los problemas políticos y militares de la frontera valenciana enturbiaron. Se procuró reforzar la colaboración con la monarquía entre 1388 y 1390, pero la oleada de violencia religiosa de 1391 abrió la puerta a graves inconvenientes.
Los alicantinos quisieron comerciar con mayor facilidad con sus vecinos y pidieron la franquicia del paso del Molinell, en el camino de Jijona. También se interesaron por la llegada desde el valle del Vinalopó de esparto y juncos. Desde la bailía se quiso poner tasa a ello, no siempre con la aprobación real.
En 1374 el hambre asoló las comarcas valencianas y preparó el terreno a la mortandad de jóvenes de 1375. Desde Alicante se solicitó entonces grano de Orihuela y para costearlo la exportación de sus higos en mejores condiciones, lo que coincidió con la amenaza de ruptura de hostilidades con Enrique II de Castilla. Carentes de capitán de frontera, los alicantinos se sintieron indefensos en el invierno de 1375.
Poco a poco se fueron serenando los ánimos y no se tuvo que deplorar otra guerra. Los higos y las pasas se vendieron provechosamente en otros puntos de la Corona de Aragón. Se hizo imperativa la necesidad de trabajadores, junto a la de mayores recursos hídricos, y el 27 de agosto de 1376 se prometió a los mudéjares que residieran durante diez años en Alicante la exención por un lustro del besante.
Entre 1376 y 1380 el quirate o impuesto sobre las transacciones terrestres pasó de 730 a 609 sueldos, con un pico de 920 en 1378, y el de la aduana sobre las portuarias de 250 a 450 en el mismo intervalo. Los prohombres alicantinos compraron productos de las tierras vecinas para venderlos a comerciantes forasteros, lo que anunciaba la importancia de la plaza como punto de tránsito e importación de mercancías extranjeras.
En 1382 los ingresos por tales impuestos cayeron a 90 y 275 sueldos respectivamente. Por enero de aquel año Pedro IV recriminó a los alicantinos la captura de la embarcación del comerciante valenciano Arnau Llorenç, que trasladaba trigo desde el emirato de Granada. Es probable que la piratería tratara de compensar el bache mercantil.
La ganadería rindió beneficios y dio más de un problema. En contra de disposiciones de tiempos del infante don Fernando, el baile quiso cobrar el 2% por quirate del valor de los caballos, yeguas, mulos, burros, bueyes, vacas, carneros, ovejas y cabras. En abril de 1382 el rey le prohibió cobrarlo en los pastos municipales, los del boalar. Tampoco los oficiales ni los hacendados podían apacentar sus rebaños en las tierras de cultivo.
En 1384 la peste volvió a hacer acto de presencia y en 1385 los granadinos llegarían en sus incursiones hasta Paterna. Aquel año Pedro IV, muy necesitado de dinero por el dominio de Cerdeña, se mostró cansado con los alicantinos y escuchó las reclamaciones de Nompot. Llegó a entregar en 1385 Alicante a su fiel Pere de Centelles, que no se posesionó finalmente de su feudo en 1386 ante la protesta de los vecinos. No se consintió otro señorío que el del monarca.
La actividad comercial fue a la baja y a partir de 1388 se unió el cobro del quirate y de la aduana, que rindieron en total unas modestas sumas, como los 400 sueldos de 1391. Las Cortes de Monzón de 1389 asistieron a un acercamiento entre los prohombres y el rey Juan I, que tuvo en cuenta los problemas de Alicante, atenazada por los problemas pero no abatida.
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