Los valencianos no participaron en la conquista de las Indias en la medida de los castellanos de Extremadura, pero no estuvieron del todo ausentes en aquella empresa.
El vecino de Valencia, originario de Lérida, Juan de Espés suscribió el 11 de marzo de 1536 en Madrid las capitulaciones o condiciones de la conquista de la Nueva Andalucía, situada fundamentalmente al Este de la actual Venezuela.
Este territorio comprendía las 200 leguas, unos 838 kilómetros, de la tierra firme cercana al golfo de Paria en el río Salado. Se adentraba unos 1.257 kilómetros hacia el interior. El más de un millón de kilómetros cuadrados se incorporaría a la Corona de Castilla.
Juan gozaría de la dignidad de señor de la hueste con posibilidad de llevar a la conquista 300 varones de los dominios del rey, de los que 50 a 100 serían jinetes. Su salario como gobernador y capitán general de la Nueva Andalucía sería de 725.000 maravedíes anuales, con los que debería atender al pago del alcalde mayor, el médico y el boticario. Los títulos de adelantado y alguacil mayor serían de carácter vitalicio en reconocimiento de su actuación durante la conquista, sin que se convirtiera en un señor hereditario al estilo de la Castilla bajomedieval. Por sus desvelos merecería la vigésima parte de los provechos de la tierra sin exceder los 1.500 ducados o 564.000 maravedíes. Entregaría al monarca la sexta parte de los tesoros tomados a los señores o caciques de aquellas tierras.
Para pacificar la tierra obtuvo el permiso de fundar hasta cuatro fortalezas, cuya tenencia se sufragaría con 100.000 maravedíes. Logró la merced de otros 300.000 sobre el erario de la gobernación para comprar artillería de los oficiales de la Casa de Contratación para las fortalezas y otra de saca de veinte yeguas y otros veinte caballos de la isla de Jamaica. Podía pasar negros, una tercera parte mujeres, desde otros dominios españoles y portugueses, especialmente de Cabo Verde, sin satisfacer ningún derecho real. Aquellos que se le perdieran o fueran abandonados en otras tierras se aplicarían al fisco.
Aleccionados con los temibles efectos del descenso de la población amerindia en otros puntos, los oficiales reales recomendaron al conquistador que tratara bien a los naturales para atraerlos al dominio hispánico y a la fe católica. No los forzaría y trataría con amabilidad a los religiosos, sus valedores habituales. En teoría la encomienda se acordaría libremente y los actos de los conquistadores estarían sometidos a la vigilancia de la Audiencia de Santo Domingo.
Los primeros pobladores pagarían por sus minas los seis primeros años el décimo de sus ganancias y la novena parte pasados los mismos años hasta llegar al quinto. Lo mismo se observaría en las cabalgadas. La franquicia de almojarifazgo valdría por dos años y de diez la de las alcabalas y otros tributos. Se otorgaron los solares según las condiciones de La Española. Se estipuló una ayuda al futuro hospital de pobres de 1.000 maravedíes de las penas de cámara, clara muestra que en el Nuevo Mundo la desigualdad podía ser tan lacerante como en Castilla o en Valencia.
