Desde el siglo XIII los monarcas aragoneses se enfrentaron con una importante oposición interna, especialmente importante en el reino de Aragón. Las exigencias tributarias y las decisiones políticas de Alfonso IV y Pedro IV extendieron el descontento en la ciudad y parte del reino de Valencia. El nombramiento como sucesora de Constanza, la primogénita de Pedro IV, contrarió a los valencianos que consideraron violentadas una vez más sus leyes. El sucesor del rey asumía importantes poderes de gobernación antes de acceder al trono, con capacidad para decidir en temas sensibles y nombrar oficiales, y se consideró que no se había procedido de la manera correcta.
En tierras valencianas se formó una Unión para conseguir el respeto real de las leyes, y el 19 de julio de 1347 sus representantes o síndicos se confederaron con los de la Unión de Aragón. En teoría, el acuerdo no se hacía contra el monarca, sino para conducirlo favorablemente por la senda de la legalidad. Los representantes unionistas de la corte de Aragón declararon su fraternidad con la ciudad y reino de Valencia en defensa de sus privilegios, franquicias y libertades. Según los usos legales de su tiempo, hicieron el juramento de homenaje.
Lo acordado aquel día sería llevado por los síndicos de ambas uniones para ser firmado por sendas partes, y como garantía de su cumplimiento se haría una entrega de rehenes mutua en Aliaga. La colaboración era necesaria, pero suscitaba dudas acerca de su acatamiento efectivo.
Para legitimar su confederación, se acogieron los negociadores a la unión de Aragón y Valencia a la Corona real de 1319 por Jaime II, cuyos sucesores no podían enajenar ninguno de los reinos, al modo de cómo Alfonso IV había entregado villas valencianas del real patrimonio al infante don Fernando, hermanastro de Pedro IV. Curiosamente aquél, muy enfrentado al monarca aragonés, terminaría secundando la Unión valenciana.
Al acogerse a tal disposición de Jaime II, los unionistas la interpretaban en clave de comunidad política dotada de unos derechos que el rey no podía ignorar. Por ello, los valencianos disidentes invocaron los privilegios de Pedro III de 1284 y de Alfonso III de las uniones de Aragón, presentadas como instrumentos para solucionar agravios legales.
En el paso de formar una Unión, que colaborara con la de Aragón, los de Valencia invocaron el paso dado por Pedro IV a favor de su hija Constanza y la oposición manifestada en el reino valenciano por don Pedro de Jérica, ahora reconciliado con el rey y dispuesto a participar en la coalición contraria a los unionistas.
Unionistas valencianos y aragoneses acordaron varias condiciones. De ser detenidos, agraviados o atacados los primeros, recibirían la asistencia de los segundos. En Aragón gozarían los valencianos de toda la protección legal de los naturales del reino.
El comportamiento de los oficiales regios sería revisado cuidadosamente, y ningún rosellonés (entonces dentro del reino de Mallorca) podía ejercer como tal, excepto que lo aprobaran las Cortes de Aragón, Valencia y Cataluña. Se pretendía lograr en teoría una administración real más conforme con los deseos de los gobernados. Por ello, los unionistas valencianos pidieron estar presentes en el consejo real.
No obstante, ambas uniones estaban formadas por elementos heterogéneos, desde encumbrados nobles hasta municipios, y el monarca podía jugar favorablemente con tales diferencias. De acudir primero a Zaragoza a celebrar Cortes debían estar presentes los unionistas valencianos, al igual que los aragoneses de convocarse primero en Valencia. No se pretendía acabar con la figura regia, pero sí someterla a unas leyes superiores y evitar su autoritarismo. De incurrir en un contrafuero, debía someterse a la decisión del justicia de Aragón o del de Valencia, que podía haber presentado una evolución institucional que la acercara al primero, más supervisor de garantías legales que simple juez.
Tales disposiciones eran difíciles de conseguir, y entre ambas partes se acordó la ayuda militar y extender el juramento o aceptación de la Unión entre los remisos en el reino de Valencia. La situación podía cambiar y ser necesaria una adaptación a las nuevas circunstancias, por lo que los síndicos de los unionistas valencianos requerirían a los jurados de Zaragoza para reunir la corte de la unidad de Aragón. La alianza entre la Unión valenciana y la aragonesa nos dice mucho de su mentalidad político-jurídica, así como de sus anhelos, que no llegaron a cumplirse.
