La consecución de dinero siempre ha sido un quebradero de cabeza para todas las autoridades, especialmente en los momentos de mayor urgencia, cuando los fondos se quedan cortos. En 1363 Pedro IV el Ceremonioso se enfrentaba a Pedro I de Castilla en una guerra implacable, que varios autores han considerado un verdadero duelo por la hegemonía hispana. El castellano hizo valer su superioridad de fuerzas, y el aragonés su astucia diplomática para crearle dificultades en sus dominios. Aquel año, convocó Cortes Generales de sus reinos en Monzón, donde se aprobó un donativo voluntario en su ayuda y en defensa de sus tierras y gentes. El ofrecimiento de dinero carecía del carácter de imposición, y las distintas Cortes fueron creando sendas comisiones o diputaciones para recaudarlo y administrarlo correctamente. A cambio de tal donativo, el rey se comprometía a enmendar sus desafueros. Nacía la idea de la Diputación del General o de la Generalidad.
La institución se consolidó en Valencia de forma apreciable hacia 1403, cuando Martín I el Humano reconoció que las decisiones que tomara no podían ser apeladas ante él. Con motivo de la tensión comercial con Castilla, la Generalidad valenciana ejerció con gran desenvoltura su iniciativa, ya que el quebranto de las relaciones mercantiles con la Corona vecina perjudicaba seriamente la recaudación de sus gravámenes sobre los productos o generalidades.
El creciente peso de la Generalidad no fue bien visto por las autoridades de la ciudad de Valencia, que vieron mermado su protagonismo. En 1407 la capital del reino logró reducir los emolumentos percibidos por los gestores de la Generalidad.
Escogidos entre los representantes de los brazos o estamentos del reino, destacaron entre sus oficios el del clavario y los de los contadores, encargados de supervisar la recaudación. Los administradores tenían la misión de resolver las dudas surgidas alrededor de la misma. Entre 1404 y 1417 la institución llegó a ingresar unas 250.000 libras, de las que más del sesenta por ciento procedía de la imposición de las generalidades.
En 1418 el rey Alfonso el Magnánimo sancionó definitivamente la Generalidad, cuyos oficios se escogerían a partir del año siguiente por insaculación y cooptación. Semejante horizonte de consolidación de la Diputación del General ligaba estrechamente la autoridad del monarca a los brazos del reino de Valencia, algo que no gustaba al ambicioso Alfonso, de marcadas tendencias políticas cesaristas. En lugar de atacar frontalmente la institución, algo que le hubiera ocasionado un conflicto de enormes proporciones, maniobró de manera indirecta, con astucia, y comenzó a negociar directamente préstamos con ciudades como Valencia a cambio de dádivas. A pesar de ello, la Generalidad logró sobrevivir con vaivenes hasta 1707.
