El 22 de septiembre de 1609 se decretó la expulsión de los moriscos del reino de Valencia y el 19 de octubre se inició la insurrección de los del valle de Cofrentes, ante las inquietantes noticias de los primeros expulsos llegados del Norte de África. Comenzó un agrio conflicto que dio severas preocupaciones a las autoridades y graves perjuicios a las personas de a pie.
Tras la expulsión quedó el valle arruinado, según los administradores señoriales de la Casa de Oliva. Muchas casas yacían sin puertas, ventanas o techos al quemarlas los mismos moriscos o saquearlas las gentes de la vecindad. La presencia de insurrectos moriscos por las montañas atemorizó a los colonizadores cristianos, que no se atrevieron ni a cultivar las exiguas huertas más próximas.
La Casa de Oliva decía encontrarse desprovista de rentas y procuró allegar el mayor número de pobladores, por mucho que las arrasadas casas fueran de obra ruin y los puentes de Cofrentes y Jalance llegaran a quemarse, perjudicando sobremanera el movimiento de personas y ganados. Se requería no poca madera, cal y piedra, además de pericia técnica para alzarlo todo de nuevo en mejor estado.
Por si fuera poco, las presas y las acequias también se encontraban en pésimo estado, pero no era el menor de los problemas, sino otro de larga historia. Las comunidades moriscas del valle se habían endeudado gravemente en el siglo XVI y en tiempos de la expulsión Cofrentes debía 3.200 libras, Zarra 3.500, Jalance 4.300, Teresa 5.500 y Jarafuel 6.800. Los nuevos pobladores requerían urgentemente disponer de bienes propios que les dispensaran rentas, como las dehesas, carnicerías o panaderías. No era poca la tarea que tuvieron que emprender guiados por la concordia aprobada por la Real Audiencia de Valencia el 15 de julio de 1611. La expulsión había tenido un precio amargo.
Fuentes.
ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA, Osuna, C. 562, D. 100
