La administración de la justicia era una de las atribuciones más preciadas del poder real de la Europa medieval y moderna. Podía confiarlo a otras instancias, pero su superioridad siempre se quiso poner de manifiesto por los titulares de la Monarquía y sus servidores más estrechos.
En el reino de Valencia, la administración de justicia real tenía que canalizarse legalmente a través de los fueros. Además, ciudades, villas y determinados potentados disponían de importantes competencias judiciales. En este marco, el autoritarismo monárquico tuvo que moverse con habilidad, aprovechando bien las circunstancias para ir desatando algunas limitaciones.
La derrota del movimiento de las Germanías propició la represión y el autoritarismo en punto a la aplicación de justicia. En 1528, el duque de Calabria sostuvo no obstante como virrey ante las Cortes de Valencia que se celebraban para procurar la observancia de los fueros y corregir todo abuso o desviación.
El fuero de los alguaciles del rey Martín I establecía no más de dos alguaciles que pudieran decomisar armas, solo en caso de pelea. Se depositarían tales armas en la custodia del justicia de Valencia o de la villa de turno. Sin embargo, habían proliferado tales alguaciles con bastón de justicia.
En Cortes se prohibió tal tendencia, pero en realidad se observó muy poco. Además de no limitarse a dos, el alguacil del portanveces del gobernador general confesaba a los reos en prisión junto al escribano, sin disponer de autorización para ello.
Las quejas volvieron a reiterarse en 1533 y se hizo nueva referencia a las limitaciones, dentro del estira y afloja entre unos y otros.
Fuentes.
Furs de València, V. III. Edición de G. Colon y A. Garcia, Barcelona, 1978.
