En el siglo XVII, las haciendas municipales tuvieron que lidiar con el peliagudo problema del endeudamiento, de larguísimo recorrido histórico entre unas cosas y otras. Por mucho que se lograron nuevos ingresos con la imposición de otro impuesto más, siempre había deuda que enjugar.
Las exigencias reales contribuyeron notablemente en el engrose de la deuda, que se había convertido desde la Baja Edad Media, a su vez, en una lucrativa inversión de particulares con posibles, religiosos y hombres de negocios a través de los censales.
No todos los municipios tuvieron el mismo tipo de inversores, como de fuentes de ingresos. Veamos los casos de tres geográficamente cercanos.
Entre 1675 y 1680, Elche ingresó una media de 4.340 libras, correspondiendo a las sisas el 20´8% del total y a las almazaras el 15%. Sin contar los gastos extraordinarios, se desprendía de unas 3.232 libras, destinándose el 70´6% a pagar los censos, con acreedores de la misma localidad y de la ciudad de Valencia, sobresaliendo los miembros del clero.
En Alicante, en 1664, se declararon 32.744 libras de ingresos, procediendo el 63´7% a la sisa mayor y de la pesca. Por el contrario, se gastaron 20.100, correspondiendo 10.779 a los censales y 9.301 a la administración. En tal deuda, una familia de la oligarquía local como los Escorcia acumuló el 28´9%.
Las arcas de Jijona en 1695 ingresaron 2.371 libras por arrendamientos de tierras, almazaras e impuestos comerciales. Los gastos fueron de 3.418, correspondiendo a los censales el 49%. El alicantino Nicolás Escorcia fue aquí el principal acreedor.
El control municipal resultó esencial para beneficiarse de la propia deuda local, cuyos provechos a veces revirtieron en personas forasteras.
Fuente.
Henry Kamen, La España de Carlos II, Barcelona, 1987, pp. 245-248.
