En las controvertidas Cortes de 1626 el reino de Valencia concedió a regañadientes a Felipe IV y su valido Olivares un servicio o subsidio de 1.080.000 libras, que en teoría serviría durante quince años para mantener mil voluntarios bajo las banderas reales. Las guerras de la Monarquía se mostraban insaciables.
Los electos de los tres brazos o estamentos del reino no podían, según fuero, manejar el dinero del servicio, sino la taula de canvis de la ciudad de Valencia, un auténtico banco municipal, lo que mermaba de facto su poder frente al rey.
De todos modos los valencianos parecieron ingeniar otro medio de no ser gravados con tanta fuerza.
En mayo de 1634 se denunció ante el Consejo Supremo de Aragón que la moneda con la que se pagaba el servicio acusaba una merma de valor del 25 al 28%.
La depreciación de la moneda era un penoso resultado de la crisis económica, sensible en aquella época en varias comarcas del reino tras la expulsión de los moriscos, además de las propias manipulaciones de una Monarquía necesitada de ingentes recursos. Las monedas teóricamente de plata contenían cada vez más mayores cantidades de cobre, lo que depreciaba su valor real. Por ello los hombres de negocios extranjeros exigían una compensación o premio por aceptar tales piezas monetarias. En la vecina Castilla la situación llegó a ser horrorosa.
El Consejo reclamó que el pago de las 72.000 libras valencianas, correspondientes a los plazos de San Juan y Navidad de 1634, se redujera al timbre de la plata doble castellana para el mencionado premio.
El virrey se mostró conforme, pero desde el reino se recordó que los valencianos no tenían obligación de pagar en otra moneda que no fuera la de su reino.
Fuente: Archivo de la Corona de Aragón, Legajo 0555, número 008.
