La piratería sentó sus reales en el Mediterráneo mucho antes del nacimiento de Jesucristo y durante siglos los poderosos no renunciaron a la misma por mucha condena ética que pudiera suscitar en un momento dado. Los reyes y los nobles, con independencia de la acumulación primitiva del capital, la consideraron un digno elemento de sus variopintos negocios y una forma de dañar a sus enemigos. La gracia residió en la concesión de patentes de corso, que legalizaban la piratería por mor del combate contra los enemigos del reino y de Dios. Solo que distinguirlos en alta mar era más cuestión de buena voluntad que de otra cosa.
Don Pedro Sánchez de Calatayud, el valenciano conde de Real, ocupó el virreinato de Cerdeña entre 1604 y 1610, en los años que fueron desde la paz con Inglaterra a la expulsión de los moriscos. La díscola Cerdeña de la Baja Edad Media al poder aragonés había pasado a la Historia y ahora era una tierra apta para las aspiraciones y los negocios de los caballeros y comerciantes valencianos.
Desde el virreinato, dotado de amplios poderes, el conde favoreció a sus familiares y hechuras al modo coetáneo, verdadero compromiso entre las facciones nobiliarias y el Estado autoritario y cesarista. A su yerno don Luis de Calatayud, cabeza de una asociación corsaria, le concedió la susodicha patente para combatir a los enemigos de Su Majestad. Para ello fue armado en 1605 un navío que fue encomendado al capitán Ballón.
Claro que no se atacaron a los turcos otomanos o a los corsarios de sus dependencias norteafricanas. Sus presas fueron naves venecianas cargadas con seda y añil por valor de 20.000 ducados que retornaban desde Trípoli, así como un barco inglés en las Cícladas con armamento destinado a Constantinopla, valorado en 100.000 ducados.
Los embajadores de Venecia y de Inglaterra se quejaron, pero se replicó que se trataba de naves de judíos al servicio del sultán. Visto el panorama, el conde de Real no tuvo empacho en patrocinar una nueva empresa corsaria en 1607, que nuevamente se cebó con la navegación veneciana. Esta vez, el apoderado de los comerciantes de Venecia denunció ante la Audiencia de Cerdeña al mismo virrey, lo que al final motivó que desde el Consejo de Aragón se nombrara una junta especial para suavizar relaciones con la Serenísima.
El litigio avanzó con parsimonia, según correspondía a la gravedad de los cargos y a la calidad de los imputados. En 1620 el señor conde ya había pasado a mejor vida y a su yerno don Luis correspondió cargar con la indemnización de lo apresado, que tampoco satisfaría gracias a la ayuda dispensada por la corona para que atendiera primero sus compromisos familiares de pago. La entente entre el rey y sus nobles volvió a manifestarse y dio por válido el negocio de la piratería disimulado con dificultad.
