La política mediterránea de los reyes de Aragón exigió importantes sumas de dinero que respaldaran sus fuerzas militares. En el siglo XIV, los problemas económicos y demográficos empeoraron la situación, máxime cuando se debían atender frentes a la sazón dispersos, desde la península Ibérica al corazón del Mediterráneo. La denodada resistencia del juez de Arborea en Cerdeña causó importantes dificultades, con una Sicilia regida todavía por otra rama de la familia real aragonesa.
Juan I no se apartó tanto de la política de su padre Pedro IV como a veces se ha sostenido y no dio nunca por perdido su dominio completo de Cerdeña. Movió todos los resortes en sus manos para allegar los deseados recursos que le permitieran emprender una expedición militar en las mejores condiciones.
Vendió en franco alodio sus derechos sobre Castielfabib y Ademuz, incluyéndose la alta y baja jurisdicción, el 23 de marzo de 1392 al camarero Esteban Salvador por 8.500 florines de oro de Aragón o 903.500 sueldos barceloneses o valencianos. En la transacción, el rey destacó la condición fronteriza de ambas localidades en el reino de Valencia, una circunstancia que debía tenerse presente para quien ejerciera su dominio.
Todavía requirió más de los Ademuz el atribulado rey. El 3 de enero de 1393 se dirigió a sus autoridades en busca de más ayuda económica, accediendo a cambio a la remisión de un tercio de las penas civiles y criminales, además de la absolución de bienes de sodomitas, herejes, traidores o atacantes de las aljamas, según los rígidos criterios morales de su tiempo.
Además, el 26 de julio de 1393 recordó al legista Bartolomé Sist que por fueros, privilegios y ordenanzas del reino de Valencia estaba prohibido que los bienes de realengo pudieran ser vendidos o alienados a los eclesiásticos, no observándose ni en Castielfabib ni en Alpuente, considerándose al efecto casas, viñas, campos, censos, predios, tahúllas e hilos de agua.
Juan I, finalmente, no se embarcó con destino a la combativa Cerdeña, pero su desafío le impuso sensibles problemas de financiación y de gestión de su comprometido patrimonio, una circunstancia que heredarían sus regios sucesores.
Fuentes.
ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN.
Real Cancillería, 1904 (132v-133r), 1932 (162v) y 1960 (98v).
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