Los caballeros suscitaron reacciones distintas entre los responsables de los municipios de la Baja Edad Media hispana. Por una parte eran apreciados como guerreros, pero aborrecidos en su calidad de exentos de varias cargas tributarias. En algunas localidades, no pudieron acceder a los oficios municipales para evitar que lo controlaran todo. Sin embargo, en muchos municipios castellanos se les permitió. Cuando la entonces villa de Alicante pasara entre 1296 y 1304 del dominio de la Corona de Castilla a la de Aragón, se toleró que sus caballeros prosiguieran participando en su gobierno municipal.
La guerra con la Castilla de Pedro I y los problemas epidémicos y económicos del siglo XIV pusieron contra las cuerdas a Alicante, que estuvo a punto de despoblarse. Sus caballeros encajaron fuertes pérdidas y Martín I insistió el 23 de noviembre de 1407 en que todos los que pretendieran ejercer un oficio municipal deberían de poseer durante diez años un caballo valorado entre veintiséis y treinta florines. No solo los caballeros podían disponer de tales rocines, sino también los ciudadanos más acaudalados que no fueran nobles, versión local de la caballería villana de otros puntos.
De esta manera se pretendía disponer de una fuerza capaz de defender una plaza fronteriza de especial valor estratégico como Alicante. No fue la primera vez que se insistiría sobre el particular y así lo hizo en vísperas de nuevos enfrentamientos con Castilla Alfonso el Magnánimo el 13 de febrero de 1426, reafirmándose el 23 de febrero de 1441.
Sin embargo, detrás de tales deberes se escondía algo más que preocupación simplemente militar. Entre los siglos XIV y XV, algunos hicieron fortuna con el comercio y la recaudación de impuestos, que no vacilaron en expresar su triunfo por medio de lujos, tan cotizados en aquella sociedad de honor como censurados por los predicadores más severos. Aquellos cuyas esposas vestían con ropajes de paños de oro, de seda, cotizadas pieles o perlas deberían de participar también en el esfuerzo militar si pretendían gozar del poder local.
Los reyes se sirvieron de las normas suntuarias para obligar a los nuevos ricos a cumplir tales deberes, denunciados por veteranos oligarcas alicantinos como Guillem Çalort, que elevó las quejas de los de su círculo a Martín I. El movimiento comercial y humano, con todas sus dificultades estaba cambiando Alicante.
La amenaza de pagar los infractores cien florines no detuvo a más de uno y en 1426 se denunciaron infracciones. A veces, se tomaban caballos de valor inferior a lo estipulado medio año antes de las elecciones municipales a justicia, jurados y almotacén. Pasadas las mismas, se deshacían de un caballo costoso de mantener.
Alfonso el Magnánimo obligó a candidatos y electores a cumplir lo dispuesto, con vistas al equilibrio social y militar tradicional, pero lo cierto es que la posesión del caballo iba convirtiéndose cada vez más en un elemento de riqueza que de defensa local. La burla de disposiciones como las apuntadas indica el declive de la vieja caballería municipal y el auge de la oligarquía de los negocios.
Fuentes.
ARCHIVO MUNICIPAL DE ALICANTE.
Armario 1, Privilegios Reales, Libro 2.
