El Real Patrimonio o conjunto de bienes del monarca debería de haber servido para que el rey cubriera sus necesidades y emprendiera ciertas empresas, al menos así se pensó en tiempos de la Plena Edad Media. Contó con tierras, edificios, molinos, hornos, derechos y rentas por todos sus reinos, como fue el caso de los monarcas de la Corona de Aragón. Sin embargo, las grandes campañas militares hicieron imperativo el concurso económico de los estamentos de reinos como el de Valencia, lo que planteó más de una vez disputas acerca de la prelación y el destino de lo pagado, así como una notable evolución institucional que condujo a la Diputación del General del reino.
Como heredero de los monarcas de la Casa de Aragón y rey de Valencia, Felipe II no perdió de vista su Real Patrimonio allí, por modesto que pudiera parecer en comparación con los recursos de otros de sus dominios. Sus inercias burocráticas, bien asentadas por muchos años de práctica, no fueron de su agrado y para removerlas contó con la eficaz colaboración de sus virreyes, que sin anular las instituciones establecidas trataron de imprimirles un ritmo más ágil, acorde con los requerimientos reales.
El maestre racional tuvo la pretensión que la bailía encargada del Real Patrimonio no acometiera ningún negocio sin su presencia, requerida explícitamente por el mismo Real Patrimonio. El virrey consideró en 1568 que así se perdía demasiado el tiempo y se dejaban pasar las mejores oportunidades de negociar los arrendamientos de monopolios y derechos. Era partidario, pues, que la sola presencia de un enviado suyo bastara.
Tampoco se mostró satisfecho el virrey con el voto decisivo dado al maestre racional, que anulaba el del resto en caso de discrepancia. Tal condición decisiva debería de reservarse en caso de diferencias entre el maestre racional y el baile general. La poderosa figura del maestre racional no agradaba al virrey, que también pretendía hacer efectiva su autoridad con mayor holgura. En este punto, contó con el claro apoyo de Felipe II.
El rey lo animó a que acometiera con energía los juicios de residencia o de supervisión de la gestión de los comisarios del Real Patrimonio, especialmente en lo tocante con los préstamos asumidos por la ciudad de Valencia y otras localidades del reino, ya que las haciendas municipales siempre tuvieron una gran importancia para el tesoro regio. Unas urbes endeudadas hasta la extenuación no rendirían óptimos frutos ni en Cortes ni por vía de donativos.
Felipe II, que descendió como gobernante a detalles muy particulares, se felicitó que lo logrado por el arrendamiento de los molinos y hornos de Murviedro (la actual Sagunto) fuera tan bueno, con el acuerdo añadido de maestre racional y baile general, y animó a que otros arrendamientos no se sustanciaran por menos valor que en años anteriores al 1568. El señor de tantos dominios en lucha en tantos conflictos no desdeñó su patrimonio valenciano, que también empeñaba su más apreciada riqueza, su autoridad.
Fuentes.
ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA, Osuna, C. 419, D. 513.
